Entre las reivindicaciones de la huelga están la pensión mínima de 1080 euros, la derogación de las últimas reformas laborales, salario mínimo superior a 1200 euros y la jornada laboral de 35 horas.

Se trata de una huelga que ha tenido como uno de sus principales apoyos el importante movimiento en defensa de las pensiones que lleva movilizándose de forma continuada en Euskal Herria. Este movimiento ha conseguido congregar a su alrededor no solo a los actuales pensionistas, sino a un gran sector de la juventud. También ha conseguido que la lucha por una jubilación digna se unifique con muchas de las principales demandas de la clase obrera en los últimos años, como se expresa en la huelga del 30 de enero.

En el resto del Estado se han convocado concentraciones y manifestaciones de solidaridad en varias ciudades. Esto muestra que, a pesar del actual momento de cierta expectativa con el nuevo gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos y el efecto pasivizador que se intenta fomentar, existen muchos sectores que están dispuestos a movilizarse y que son conscientes de que a las clases populares ningún gobierno le ha regalado nada.

Ante esta situación es fundamental que la juventud y especialmente sus sectores mas precarizados hagan suya esta movilización en todo el Estado. La lucha por pensiones dignas es también la de las nuevas generaciones que se incorporan al mercado laboral, ya que son precisamente los futuros pensionistas quienes más ven peligrar este derecho básico.

En los últimos años tanto la patronal como los distintos gobiernos han ido imponiendo la idea de que si no se recorta y limita la jubilación será imposible garantizar las pensiones dentro de unos pocos años. Para justificar esto se habla del envejecimiento de la población o del enorme gasto que supone para el Estado garantizar este derecho. Sin embargo, lo que la cuestión de las pensiones pone de relieve es el enorme deterioro de las condiciones laborales en los últimos años, que mermó las cotizaciones, tanto por el aumento de la precarización como del paro estructural. Por otro lado, es de conocimiento público el enorme despilfarro y corrupción que ha dilapidado la llamada hucha de las pensiones y que explica en gran medida la actual situación.

La otra cuestión son las prioridades del Estado. Desde el estallido de la crisis económica internacional en 2008 la gran banca presionó a los gobiernos para que destinaran mayores recursos para satisfacer su voracidad. Esto se hizo sobre todo a través de la deuda, y las pensiones se convirtieron en uno de los grandes objetivos a la hora de recortar el gasto público. En el Estado español esta prioridad se hizo constitucional con la reforma del artículo 135 aprobado por el Congreso en 2011 con los apoyos del PP y PSOE que impuso un techo de gasto público para garantizar el pago de la deuda como prioridad. Algo que el nuevo Gobierno no pretende cuestionar.

A pesar del discurso desplegado en estas semanas, la primera medida concreta del nuevo gobierno en materia de pensiones ha sido aumentarlas tan solo un 0,9 por ciento para este año, lo cual coincide con el incremento del IPC. Por tanto, esta subida no significa ningún aumento en el poder adquisitivo de los pensionistas. Por otra parte, el nuevo ministro de Seguridad social, José Luis Escrivá, ha señalado que su intención es subir la edad real de jubilación para establecerla en los 67 años.

La lucha de los pensionistas se está convirtiendo en la mecha que está haciendo emerger distintos malestares sociales en otros países. El caso más importante es la vecina Francia, cuya reforma de las pensiones ha desatado la mayor oleada de huelgas en décadas. Del mismo modo, la movilización del 30 de enero en el País Vasco unifica varias de las demandas más sentidas por la clase trabajadora y la juventud.

Se pone de relieve, por tanto, la necesidad de desarrollar la lucha de clases como forma de conseguir las principales demandas sociales y democráticas. Así, apunta en dirección contraria a la resignación y al conformismo de “lo posible” que quieren imponer tanto los social liberales del PSOE como Unidas Podemos, cuya lealtad al nuevo gobierno y al régimen del 78 de conjunto pesan mucho más que las necesidades de la mayoría popular.

Pero esta huelga no solo ha tenido enfrente al actual Gobierno sino también a las burocracias sindicales, que han manifestado abiertamente su oposición. No en vano las direcciones de CCOO y UGT llevan casi 8 años sin convocar una huelga general, siendo esta la década en la que probablemente más ataques se produjeron a las condiciones de vida de las trabajadoras y trabajadores.

En tanto las burocracias sindicales operan de forma consciente para dividir y atomizar las luchas sociales, la juventud trabajadora precaria y estudiantil podría soldar la unidad con los distintos sectores que emergen a la lucha. En tanto su futuro está en juego, puede suponer como en otras ocasiones de la historia un fuerte revulsivo en favor de la autoorganización.

En el último año hemos sido testigos de importantes movilizaciones con una fuerte presencia juvenil. El movimiento de mujeres que protagonizó la huelga el pasado 8 de marzo, el movimiento contra el cambio climático que llenó las calles, el movimiento democrático catalán, son ejemplos significativos.

Los jóvenes tenemos muchos motivos para salir a manifestarnos. Porque la pelea por unas pensiones dignas implica también la necesidad de aumentar los salarios al nivel del costo de vida, terminar con el paro masivo, la precariedad laboral y los trabajos a tiempo parcial, al mismo tiempo que dejar de pagar una deuda ilegitima a los grandes bancos. Por eso, la lucha de los pensionistas es la lucha de toda la clase trabajadora y la juventud.

Por todas estas razones, desde ContraCorriente hacemos un llamamiento a participar activamente de la huelga del 30 y de las acciones de solidaridad en el resto del Estado, con la perspectiva de fortalecer la lucha de clases y apostar por una salida anticapitalista y revolucionaria ante los grandes problemas sociales que tenemos que padecer la mayoría popular.

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