El Ministerio de Universidades y la Conferencia de Rectores vuelven a reunirse a puerta cerrada para decidir sobre nuestras evaluaciones sin contar con la opinión de los y las estudiantes. Es necesario impulsar asambleas virtuales por curso para decidir sobre las evaluaciones y nuestra educación.

Con el estallido de la pandemia de coronavirus y las medidas de confinamiento todos los estudiantes hemos visto como de la noche a la mañana cambiaba radicalmente nuestra vida formativa. Todas las carencias y problemas del sistema educativo y de las universidades están saltando en esta situación crítica.

El drama social y humano, con decenas de miles de víctimas, las familias que no pueden despedirse de sus fallecidos, el aumento de los ERTEs y los despidos, los sistemas de salud colapsados, hospitales y morgues improvisadas, la falta de material de protección para los trabajadores, etc. contrastan con un sistema educativo indolente ante la crisis sanitaria en el que lo único que parece importar es que siga adelante la maquinaria de las evaluaciones.

La obsesión por ponernos nota y seguir como si nada pasara está llevándonos a una sobrecarga brutal de trabajo. Los métodos de evaluación siguen sin estar claros, los trabajos se duplican mientras se mantienen los exámenes o se incrementan hasta tal punto que resultan incluso más difícil de llevar que las pruebas finales.

La crisis ha elitizado todavía más la universidad que, de nuevo, no atiende a nuestra propia realidad. No todo el mundo tenemos una conexión a internet de suficiente calidad o un ordenador del que disponer la mayor parte del tiempo.

Tampoco todo el mundo disponemos de espacios donde estudiar, ya que muchos vivimos en pisos pequeños o lo compartimos con más gente. O incluso aquellos y aquellas que se veían obligados a trabajar precariamente para pagarse la carrera han sido despedidos y otras seguimos trabajando sin la protección adecuada, preocupadas por nuestra salud y la de nuestras familias.

Se olvida que, en muchos casos, la preocupación por aprobar también se deriva del enorme esfuerzo económico que gran parte del estudiantado y nuestras familias tenemos que hacer para pagar las matrículas universitarias, la cuales se encarecen si suspendemos una asignatura. Es increíble que a estas alturas no se haya devuelto el importe íntegro de la matrícula, ni siquiera se han cancelado los pagos pendientes. Pretenden cobrarnos como si fuéramos a dar el curso con normalidad.

A todo esto, hay que sumarle la inestabilidad emocional y mental provocada por las situaciones de hacinamiento, la muerte de seres queridos, despidos o ERTEs de familiares y otras situaciones que dificultan más todavía seguir el curso.

Por eso mismo no puede evaluarse con los criterios anteriores a esta situación. Hay que adaptar la evaluación a las circunstancias individuales, rebajar los contenidos, ampliar plazos, tener más en cuenta toda la actividad previa a la suspensión de clases, etc. También hay que garantizar que no haya suspensos, no sería justo hacer repetir a nadie el curso en estas circunstancias.

Reivindicaciones como estas ya se están planteando desde diferentes iniciativas de estudiantes. Pese a ello, en la reorganización del sistema de formación no se nos está teniendo en cuenta en absoluto, ni nuestras opiniones ni nuestras circunstancias personales.

En reuniones a puerta cerrada, el ministro Castells y la conferencia de rectores están tomando todas las decisiones dejando al margen al conjunto del estudiantado y de la comunidad universitaria. Todo esto responde al modelo antidemocrático y elitista de universidad-empresa que concibe al alumnado como sujetos pasivos a los que hay que calificar con un número para que todo marche. Así, se sigue dejando al margen que los y las estudiantes somos las primeras interesadas en aprender.

En la última de estas reuniones se ha acordado «transformar la evaluación presencial actual en un sistema de evaluación no presencial”, pero ¿quién va a decidir bajo qué criterios? ¿Van a seguir dejándonos a los estudiantes al margen de las decisiones que afectan a nuestra formación?

Hasta ahora la evaluación no presencial ha consistido en enterrarnos en trabajos y exámenes online, manteniéndonos al margen de esta crisis, en lugar de utilizar todo el potencial de las universidades para superar la pandemia tal y como han exigido representantes y asociaciones estudiantiles. La movilización de recursos ha sido mínima frente a la capacidad.

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Si queremos tener voz y voto es necesario impulsar asambleas virtuales por cada clase que discutan sus propias reivindicaciones y elijan portavoces. Es necesaria una coordinación entre estudiantes, investigadores, personal docente y no docente para la creación de comités de crisis que discutan las nuevas formas de evaluación, así como la manera de recuperar el aprendizaje perdido y la movilización de los recursos de la universidad. Que la gestión de la universidad recaiga en su comunidad universitaria y no en la casta académica de rectores y decanos.

En ese sentido son muy positivas las primeras iniciativas de autoorganización estudiantil que están surgiendo, donde los grupos de clase rechazan la sobrecarga de trabajo, proponen soluciones y se coordinan a través de sus delegados. Es necesario extender estas experiencias y dotarlas de poder de decisión real, incorporando nuevos métodos de lucha si no se accede a nuestras demandas, como la huelga de estudiantes en Galicia

Hoy más que nunca es necesario luchar por una universidad bajo control de sus estudiantes, docentes y no docentes y al servicio de la clase trabajadora que es la que está en primera línea combatiendo contra el virus y a la que más golpea la enfermedad y la cuarentena, mientras el gobierno de PSOE y UP rescata las grandes empresas y manda a millones a trabajar sin protección.

Hacemos un llamamiento a los y las estudiantes, a las asociaciones, agrupaciones y al conjunto del movimiento estudiantil a no quedarnos pasivos ante nuestra propia educación e impulsar asambleas virtuales por clase que elijan sus propios portavoces que discutan y luchen por sus propias reivindicaciones. En ellas, desde Contracorriente planteamos que el conjunto del movimiento haga suyas las siguientes medidas:

1) Devolución íntegra de la matrícula. La universidad pública debería ser gratuita para que todos los hijos de las clases populares puedan estudiar, hoy esa necesidad es mayor que nunca. Exigimos también la plena disposición de recursos on-line gratuitos como manuales, libros, documentales, etc. Esto tiene que ir ligado a una reducción de la carga lectiva y se han de establecer los métodos y fechas de evaluación cuanto antes, de manera democrática y transparente.

2) Ni un solo suspenso en estas condiciones tan difíciles, especialmente para las familias con menos recursos, y mantenimiento de todas las becas.

3) Movilización de todo el conocimiento y los recursos sanitarios, científicos y técnicos de las universidades, que se haga pública y accesible para toda la población una relación de los recursos de la Universidad, que se liberen todas las patentes y los resultados de las investigaciones que están ahora mismo en manos de las empresas privadas, y que se abran formularios para que el estudiantado pueda inscribirse como voluntario para luchar contra la pandemia.

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